FERNANDO CORDERO CUEVA
17/01/2024
El centralismo, una vez más, se comporta como un insaciable devorador de recursos. Por recomendación -léase exigencia- del FMI o por el alto costo que tendría la “Guerra Interna” declarada a los grupos terroristas, propone un incremento del Impuesto al Valor Agregado, IVA, desde 12% a 15%. Todos los analistas económicos concuerdan que el IVA es un impuesto regresivo que en nombre de una falsa equidad cobra una tarifa plana a todos los consumidores, sin considerar ni su patrimonio ni sus ingresos, desconociendo principios constitucionales fundamentales como: generalidad, progresividad, eficiencia, transparencia, entre otros. Lo correcto sería priorizar los impuestos directos y progresivos -incluso el de las empresas que hoy tiene tarifa plana- para propiciar la redistribución de la riqueza, la creación de nuevos empleos, la producción de bienes y servicios, y las conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.
No contentos con incrementar el IVA incluyen, en el raquítico proyecto de 4 artículos, dos disposiciones generales y una reformatoria. La primera disposición general señala que “los recursos que se recauden por concepto del incremento de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado; no serán considerados como objeto de preasignación alguna”. Estapretensión centralista de cercenar más de 273 millones de dólares a los GAD, viola la constitución y desconoce el mandato legal establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, que establece que “Los gobiernos autónomos descentralizados participarán del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes (impuestos) y del diez por ciento (10%) de los no permanentes (petróleo, minería)…”
UNA PROPUESTA ALTERNATIVA PARA EL GOBIERNO Y LA ASAMBLEA
En lugar de incrementar el IVA al 15% se debe mantenerlo en el 12% y mediante una Ley destinada a dinamizar la economía, eliminar la desnutrición crónica infantil y garantizar la dotación de servicios básicos a toda la población urbana y rural del país, crear mancomunidades municipales obligatorias en todas y cada una de las provincias para que se entregue a ellas el 50% del IVA (6% de los 12%) a fin de que, mediante fidecomisos, se invierta exclusivamente en: agua potable; alcantarillado, depuración de aguas residuales; recolección y manejo de desechos sólidos y otras actividades de saneamiento ambiental; dotación de infraestructura física y equipamientos de: salud, educación, transporte y vialidad y espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo. Las inversiones se harán en orden inversamente proporcional a las necesidades básicas insatisfechas a fin de garantizar que los más pobres reciban la mayor cantidad de recursos y así en pocos años se terminen las inequidades y desequilibrios territoriales.
