En el año 2.000 nuestro país perdió su moneda y adoptó oficialmente el dólar como moneda de curso legal, como epílogo de la gran crisis económica e inflacionaria de finales de la década de los 90. Más allá de las diferentes opiniones que se generaron y aún se mantienen sobre la conveniencia de esa decisión, hoy en Ecuador existe un consenso sobre lo positiva que resultó la dolarización para volver a pensar en proyectos de mediano y largo plazo que casi habían desaparecido en los últimos años de nuestro recordado y maltratado “Sucre”. Uno de esos proyectos de mediano plazo fue, al comenzar el siglo, la descentralización con autonomía.
A continuación, voy a usar datos en dólares, para demostrar que el centralismo, que nació en 1830 -con Juan José Flores- está más omnipresente que siempre y que, nuestra constitución -estudiada y alabada en el mundo entero como pionera en autonomías descentralizadas- no ha logrado alterar el centralismo y de manera particular no ha logrado la tan anhelada descentralización fiscal.
En el año 2.000 el PIB del Ecuador llegaba a 18.319 millones de dólares y el Presupuesto General del Estado, PGE, equivalía al 21,1% del PIB. En el 2020 el PIB se había multiplicado por 5,9 veces y llegaba a 108.108 millones de dólares y el PGE correspondía al 32,2% del PIB. Es decir, el Estado, presupuestariamente hablando creció 7,7 veces, pasando de 3.870 a 29.826 millones de dólares -incremento monetario de 25.956 millones de dólares y un incremento relativo de 11.1% del PIB-.
Mientras eso ocurría en el Estado central, el Estado descentralizado -representado por las municipalidades- había recibido en forma de transferencias del PGE, en el año 2.000, la suma de 257 millones de dólares y en el año 2020 la cantidad de 1.902 millones de dólares (incremento de 7,4 veces). Este enorme incremento monetario nos creó expectativas descentralizadoras que lamentablemente se han estrellado con las realidades centralistas: en términos relativos las transferencias municipales del PGE, en el año 2.000, representaban el 6,6% y en el año 2.020 habían decrecido al 6,4%. (Para ampliar ver gráfico adjunto)
En síntesis, pese al significativo crecimiento de la riqueza social del Ecuador: pasó de un PIB percápita de 1.444 dólares, en el año 2.000, a uno de 6.127 dólares, en el 2.020, el Estado no ha cumplido el mandato constitucional que establece que “Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”.
