NUEVA OPORTUNIDAD PARA LA DESCENTRALIZACIÓN (primera parte)

NUEVA OPORTUNIDAD PARA LA DESCENTRALIZACIÓN

(primera parte)

El Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, nos debe  garantizar: un hábitat seguro y saludable;  una vivienda adecuada y digna; el disfrute pleno de la ciudad y sus espacios públicos bajo principios de sustentabilidad y equilibrio entre lo urbano y lo rural

FERNANDO CORDERO CUEVA

1 /04/2019

El Ecuador el pasado 24 de marzo eligió 221 alcaldes, 23 prefectos y  818 juntas parroquiales rurales. Ello, teóricamente, representa una NUEVA OPORTUNIDAD para la DESCENTRALIZACIÓN POLITICA del país o dicho de otra manera, una nueva oportunidad para enfrentar los mil rostros del centralismo, configurado en 18 décadas de vida republicana. En la práctica, esa oportunidad, en mucho dependerá de las fuerzas políticas  presentes en esos gobiernos autónomos descentralizados.

La Constitución ecuatoriana por si misma es una propuesta de desarrollo alternativo. Se plantea el Buen Vivir como un modelo de desarrollo social; esto es un crecimiento que busca el equilibrio del hombre con la naturaleza y consigo mismo. Un equilibrio entre los hombres, para reducir las desigualdades económicas y sociales y propiciar la integración a la vida económica y social de los sectores más desvalidos. Un equilibrio entre las comunidades de hombres que privilegien la solidaridad y complementariedad.

Considerando que todo desarrollo social se expresa en el territorio y que hoy en Ecuador mas del 70% de ciudadanos viven en ciudades es indispensable articular las aspiraciones a un desarrollo mas justo y equitativo a nuevos paradigmas en las relaciones con la naturaleza, con el territorio   y entre ciudadanos. 

En los setenta y dos artículos sobre derechos que contiene nuestra constitución, al menos veinte de ellos corresponden a derechos de la naturaleza y las personas en  su relación con el territorio y la ciudad. Principalmente los derechos de la naturaleza, del buen vivir y de las comunidades, pueblos y nacionalidades configuran un conjunto singular de derechos que se expresan y dejan huella cotidianamente en el territorio y por ello deben ser cuidadosamente analizados en los procesos de planificación territorial para evitar que las intervenciones afecten negativamente nuestros derechos y los de la naturaleza, a pretexto del desarrollo social.

El Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, nos debe  garantizar: un hábitat seguro y saludable;  una vivienda adecuada y digna -con independencia de nuestra situación social y económica- ; el disfrute pleno de la ciudad y sus espacios públicos bajo principios de sustentabilidad y equilibrio entre lo urbano y lo rural, respetando la función social y ambiental de la propiedad, propiciando la gestión democrática de su gobierno  y el ejercicio pleno de la ciudadanía. (continuará)